Palma de aceite en tierras ajenas

En los predios de miles de campesinos desplazados en Colombia, se desarrollan hoy megaproyectos agrícolas. La ilusión de volver a sus tierras se desvanece al tiempo que la industria de los biocombustibles se expande.

Por Olvido Cero

Septiembre 2009

Por los galpones de gallinas y los sembrados de maíz, hoy pasan carreteras y crecen inmensas palmas africanas. Más de cinco millones de hectáreas de tierras en Colombia han perdido sus verdaderos dueños que han tenido que desplazarse por el conflicto armado. Esto quiere decir que 5% del territorio del país ha sido robado, expropiado, comprado y retitulado en beneficio de grupos armados y económicos específicos. Por ello, el control de territorio estratégico es, posiblemente, una de las razones por las que el desplazamiento forzoso aumentó un 24% entre el 2007 y 2008, pese al proceso de desmovilización de paramilitares.

Edwin Riveras era dueño de dos hectáreas en Chocó, al noroccidente del Colombia, hasta que un día la guerrilla lo amenazó a muerte y tuvo que dejar su casa, sus pozos de cachamas y sus cerdos. Todo eso desapareció rápidamente, incluyendo las escrituras de su parcela que hoy figuran a nombre una persona que ni el ni se familia conocen. Hasta el momento no ha recibido respuesta del gobierno y teme que su tierra, como ya pasó con la de sus vecinos, termine convirtiéndose en una más de las 270.000 hectáreas de palma del país.

Si bien el cultivo de palma africana de aceite se viene multiplicando en Colombia desde 1960 cuando sólo había 18000 hectáreas, el proceso se ha acelerado debido a las recientes amenazas del cambio climático y el fin del petróleo. Colombia tiene plantaciones en 73 municipio, es hoy el primer productor en América Latina, y tiene planes de convertirse en un importante exportador para países desarrollados que lo necesiten para mezclarlo con gasolina, según declaró el agrónomo Raúl Osorio.
Así mismo lidera la lista de países con mayor desplazamiento forzado, después de Sudán. Casi 5 millones de colombianos han dejado sus tierras y deambulan en el interior de país y cerca de 2 millones lo hacen en el exterior, principalmente en Ecuador, que según ACNUR, el organismo para los refugiados y desplazados de la Organización de Naciones Unidas ONU, ha recibido cerca de 135.000 personas desde 1995.

“Sin tierras, los campesinos desplazados están obligados a seguir errantes” dice Rodrigo Zuluaga, especialista en el tema de la economía del conflicto armado. El control por territorios fértiles no sólo interesa a los grupos armados tradicionales como las Farc, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más grande del país, o al ELN, segunda guerrilla, sino a grupos contra-guerrilla de paramilitares, terratenientes asociados al narcotráfico, que pese que adelantan un proceso de desmovilización con el gobierno desde 2005, utilizan testaferros y falsas escrituras para mantener su poder. En la costa caribe, por ejemplo, zona de control del temible jefe paramilitar extraditado Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, las tierras han cambiado de dueño, de precio y de tamaño repetidas veces desde 1997.

Según dijo Manuel Lineros, ex funcionario del Incora, Instituto de Reforma Agraria, en una entrevista con Verdad Abierta, centro de investigación periodística sobre el conflicto armado y el paramilitarismo, en dicha zona, las amenazas de las guerrillas hicieron que muchos campesinos vendieran sus tierras al estado para protegerlas y allí empezó su martirio. Los predios fueron repartidos entre campesinos bajo una financiación a crédito y con la remetida paramilitar de finales de los noventas, la mayoría los perdieron. Con la desmovilización del grupo, se adelantó una devolución y titulación de tierras bastante ineficaz debido a las repetidas ventas, los pagares, las deudas, el extraño asesinato de muchos de los dueños y la corrupción de funcionarios como Luis Ortiz López, director del Incoder, antiguo Incora, quien fue forzado a renunciar en 2006, tras comprobarse que en su mandato se habían entregado tierras de desplazados a personas con antecedentes penales, ordenes de captura y nexos con paramilitares.

Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (2006- 2009) aceptó, en una declaración al periódico El Tiempo, el más importante de Colombia, las trabas y la lentitud del proceso de devolución de tierras despojadas. “Subejecutamos las metas. Se habló de 150 mil hectáreas y (con el 2007 incluido) solo hemos entregado 93 mil. Porque nos tuvimos que dedicar a limpiar la corruptela heredada del Incora, a identificar los procesos en donde los 'paras' influyeron”.

Aunque en muchas de sus tierras ya no hay presencia guerrillera, los campesinos colombianos no han podido volver a ellas por falta de escrituras, y mientras esto ocurre, empresas agrícolas las compran y las siembran con facilidad, empeorando las obstáculos y obligando a más familias a un éxodo sin fin.