Por Olvido Cero
Septiembre 2009
Cuando Luis Eduardo Guerra y su familia fueron masacrados en San José de Apartadó, las autoridades aseguraron que se trataba de un guerrillero disidente de las Farc, ajusticiado por el mismo grupo. Ya se contaban decenas de muertos en la Comunidad de Paz -CpSJ- y el estado parecía insistir en que sus miembros eran colaboradores de la guerrilla y el terrorismo. Crímenes que como muchos otros en Colombia parecían condenados al olvido y la impunidad. (Ver artículo La Comunidad de Paz de San José de Apartadó).
Sin embargo, la masacre tuvo un significado muy diferente, por lo menos en la zona de Urabá, más exactamente en la CpSJ, de la que Guerra era miembro. Con su muerte se cumplían más de cien asesinatos a miembros de la resistencia pacífica campesina que desde 1997 se mantiene neutra frente al conflicto armado que rodea la zona del Urabá, al noroccidente de Colombia. La comunidad, la ex alcaldesa de Apartado Gloria Cuartas, e incluso un equipo de periodistas franceses del programa radial “La bas si j`y suis” emitido por Radio Francia Internacional marcharon doce kilómetros como protesta de un crimen que aseguraban haber sido cometido por la Brigada XVII del Ejército Nacional. (ver artículo La Comunidad de Paz de San José de Apartadó).
A pesar de los esfuerzos del padre Javier Giraldo, líder de la CpSJ, quien aseguró que la masacre era un crimen de estado y los miembros del Ejército habían matado deliberadamente y a sangre fría a los ocho campesinos, incluidos Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad, en su momento la masacre no fue investigada y la marcha fue casi ignorada por el gobierno.
Carlos Alberto Ospina, comandante de las fuerzas armadas, argumentó que no había presencia alguna de sus soldados en la zona y el presidente Uribe ratificó, como lo había hecho en ocasiones pasadas, que “ “la comunidad auxilia y protege a la guerrilla terrorista de las FARC y como rechaza la fuerza pública, es un límite a las libertades y a la justicia nacional”.
Cuatro años más tarde, Ever Velosa García alias “H.H” exjefe paramilitar, quien estuvo al frente de los bloques Bananeros en esa región de Antioquia y del Calima en el Valle de Cauca, aseguró, en una declaración rendida el 22 de mayo de 2009 en Medellín y recogida por la Procuraduría General de la Nación, que personalmente había entregado dinero al entonces coronel Néstor Iván Duque López, comandante en ese año del batallón Bejarano Muñoz, para que él pagara a los testigos que mentirían diciendo que Guerra era guerrillero de las Farc.
Como lo habían afirmado los campesinos de la comunidad, incluido el cuñado del difunto que logró escapar, Guerra no era un miembro de las Farc y entre el 21 y 22 de febrero de 2005, el y Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, y los niños Deiner Andrés Guerra; Natalia Tuberquia, y Santiago Tuberquia fueron desmembrados y enterrados en un fosa común por un comando de alrededor 60 paramilitares pertenecientes al bloque Héroes de Tolová, que comandó Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', protegidos por miembros de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrita a la Brigada XVII del Ejército Nacional.
Actualmente se lleva a cabo el proceso disciplinario N° 155-118150-05, que está a cargo del Despacho del señor Procurador General de la Nación y en el que se investigan dos tenientes, dos capitanes y otros seis suboficiales adscritos a la Brigada XVII.
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