Mayo 2010
Para abordar el tema de la Justicia, Verdad y Reparación integral a las víctimas, es fundamental comprender también las razones del desplazamiento forzado de la población campesina colombiana. La disputa por la tenencia de la tierra y el control del narcotráfico, y de los recursos naturales en zonas geoestratégicas del país, han sido factores para el genocidio y la persecución. “Para nadie es un secreto que todas esas normas jurídicas obedecen a los grandes megaproyectos impuestos por el Alca y el Tlc, y jamás como pueblos indígenas vamos a ceder porque allí se está jugando el futuro de nuestras vidas, y ni siquiera somos consultados en esa materia”, ha dicho un Kankuamo en una de las Audiencias Públicas de Víctimas, en el Congreso de la República.
Una de las personas más críticas, y a la vez, víctimas del accionar paramilitar, la senadora liberal Piedad Córdoba afirmó que “Los paramilitares se están apoderando de la riqueza del país, ellos controlan los centros de distribución, desde vender carros a vender frutas". Otro de los más fuertes contradictores al gobierno Uribe, y quien ha denunciado ante el Congreso de la República el fenómeno de la Parapolítica, Gustavo Petro, senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), sostuvo que "En Colombia la maquinaria de la muerte tiene raíces históricas, a través de la historia de este país, los criminales nunca han sido sentenciados o condenados, esta maquinaria se reproduce desde los niveles más altos del poder en Colombia, y está en el poder haciendo las leyes de hoy”.
El preocupante panorama de la violencia en Colombia nos debe llevar como ciudadanos a una inmediata reflexión. Como dice Iván Cepeda, “Resulta necesario conocer en qué ha consistido la acción criminal del paramilitarismo, dilucidar quienes son sus verdaderos beneficiarios, quiénes han sido los grandes cómplices o incluso los jefes de estos grupos, desde el mundo de la política, el empresariado, los dueños de la tierra, etc. No se puede dejar por fuera la responsabilidad del Estado en el financiamiento internacional del paramilitarismo. Las víctimas no son víctimas de poderes oscuros e indeterminados, sino que han sido agredidas por el poder estatal y sus mecanismos de persecución".
Los anteriores señalamientos y acusaciones han sido divulgados incluso fuera de nuestras fronteras. El U.S. Journal of World Affairs publicó: “En realidad, los escuadrones de la muerte son un instrumento extremadamente efectivo, por abominable que sea, en el combate contra terroristas y desafíos revolucionarios”. El jefe de Guerra Psicológica de EE.UU, el general Robert McClure, hablando del terror táctico, dijo: “Reconozco plenamente que nuestras tropas deben adoptar una actitud dura de asesinos implacables, si van no sólo a sobrevivir, sino a ganar estas batallas”. Aquí se puede constatar una de las funciones que ha cumplido el paramilitarismo y los fuertes vínculos que ha sostenido con los Estados Unidos. A propósito, salió a la luz pública, que la transnacional Chiquita Brands y la multinacional petrolera Perenco, resultaron tener relaciones con el paramilitarismo al financiar a estos grupos al margen de la ley para sus propios fines de seguridad.
De la misma manera, en la supuesta lucha contra insurgente, en Centro América y en América Latina, ha actuando este fenómeno paramilitar, imponiendo terror, amparándose en la impunidad y complicidad de los gobernantes de cada país. Genocidios como el que sufrió Colombia con la Unión Patriótica (UP), un partido de izquierda democrática, en donde el exterminio dejó a cinco mil de sus militantes asesinados y desaparecidos es probablemente tan solo una muestra de lo que el jefe de guerra de los Estados Unidos cínicamente confesaba, y el resultado de un proyecto paramilitar que contó con la complicidad de las instituciones y de la misma sociedad colombiana, bien sea por acción u omisión. Masacres como la de Mapiripán (Meta) solo fueron posibles gracias a la intervención de militares quienes prestaron apoyo logístico y de inteligencia pues como se ha sabido los paramilitares fueron trasladados desde Antioquia en aviones del ejército colombiano.
La contundencia de la realidad ha hecho que sean las organizaciones sociales, el Movimiento Nacional de Víctimas, organismos de derechos humanos, y la sociedad civil en general, quienes desde el inicio del proceso de desmovilización de estos grupos armados, sientan una gran desconfianza y rechazo a la Ley de Justicia y Paz que promueve el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este Proyecto de Ley ha sido visto por la mayoría de la opinión pública como un gesto absolutamente generoso del gobierno con quienes realizaron masacres, homicidios, desapariciones y desplazaron a tantas comunidades de sus territorios. Según Amnistía “estos grupos tendrían penas de prisión cortas, y podrían -en algunos casos- cumplir la reclusión en granjas o fincas agrícolas, y no tendrán que confesar la totalidad de sus crímenes, entre otras cosas”.
Ante los pobres resultados de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el cuestionamiento a una real voluntad del gobierno que invierte más recursos y atención en los victimarios que en las víctimas, se produce la sensación casi generalizada por parte de las víctimas es que sí desean lograr una “Verdad, Justicia y Reparación” deben organizarse y seguir luchando, como lo vienen haciendo con el apoyo de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales, a nivel nacional e internacional, y sobretodo saliendo a las calles para denunciar los crímenes y sensibilizar a la sociedad civil. La marcha efectuada el pasado 6 de marzo de 2009 en Bogotá, encabezada por Iván Cepeda, quien ha sido víctima también de este flagelo, resultó ser una muestra de la capacidad de movilización y del respaldo ciudadano con el que cuentan las víctimas del paramilitarismo y el terrorismo de Estado.
Pero lamentablemente, y como ha sido la tradición en Colombia, luego de esta marcha han sido asesinados impunemente varios de sus promotores y otros se encuentran amenazados de muerte. Ni hablar de los escándalos en los denominados “Falsos Positivos”, que no son más que crímenes de Estado contra civiles inocentes, los cuales se pretendieron mostrar como triunfos de las fuerzas militares en la lucha contra la guerrilla y los grupos ilegales. Tristemente hemos visto quedar libres a los militares que asesinaron a tantos jóvenes. Como si fuera poco las madres de estos jóvenes asesinados ahora son perseguidas y amenazadas para que no denuncien, y Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del presidente Uribe y responsable de estas desapariciones se perfila como serio candidato a la presidencia de la república. Es decir, se premia a quien ha instigado a seguir por los caminos de la guerra y la muerte.
No obstante, el panorama frente a la Verdad, Justicia y Reparación se complicó a partir de la extradición de los catorce jefes paramilitares en el 2008. Las confesiones de estos comandantes “paras” habían logrado que se empezara a avanzar en materia de esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes del paramilitarismo y sus promotores. Es así como la Sala Penal de la Corte ha abierto investigación a más de sesenta y cinco parlamentarios por hechos de concierto para delinquir agravado, e incluso de homicidio. En otras investigaciones hay además de estos sesenta y cinco congresistas más de cien agentes del Estado y funcionarios de distintas instancias del poder estatal comprometidos: Alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, senadores, y miembros del DAS. Muchos de estos personajes han sido cercanos al presidente Uribe y forman parte de los partidos de la coalición uribista.
Iván Cepeda opina que con estas extradiciones se ha configurado una situación que obstaculiza de manera significativa el desarrollo de los procedimientos de Justicia y Paz y de otras jurisdicciones que tienen que ver con la persecución de los crímenes contra la humanidad cometidos por paramilitares, y por sus aliados, los políticos. “A esta hora nos encontramos con que no ha sido posible llevar a cabo las audiencias de Justicia y Paz en Estados Unidos, hay una gran dilación de estas audiencias y puede pasar incluso un año hasta que se decida realmente la situación de las personas que están extraditadas”.
Por su parte el presidente Uribe y Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR, han justificado la extradición de estos jefes “paras”. E. Pizarro, confesó en entrevista a Margarita Vidal (Magazín Versión Libre Canal Capital, junio 01 de 2008) “Eran hombres muy poderosos que podían poner en riesgo la seguridad del sistema carcelario y judicial a través de mecanismos de corrupción o intimidación, algunos de ellos continúan delinquiendo, y casi ninguno estaba contribuyendo a la reparación de las víctimas o a la verdad. Había que enviar un mensaje muy fuerte: que no se puede seguir delinquiendo en el marco de Justicia y Paz, ni se puede seguir poniendo en riesgo a las víctimas o a las comunidades victimizadas y fundamentalmente que hay que contribuir con Justicia y Paz, con bienes, con verdades, el que no colabore va a tener mano dura”.
Lo cierto es que esta decisión de extraditar a los cabecillas paramilitares a los Estados Unidos ha causado una gran conmoción ante la suerte del proceso de desmovilización y su Ley de Justicia y Paz. Las críticas han sido implacables al afirmar que el presidente demostró que su preocupación no ha sido la reparación a las víctimas por los crímenes de lesa humanidad, ni el esclarecimiento de la verdad, sino que su interés ha estado en el tema del narcotráfico y la cooperación en esa materia con el gobierno de los Estados Unidos. También ha quedado en evidencia que nuestro país sigue siendo incapaz de contar con un aparato de justicia eficiente y que su sistema carcelario es inepto.
Por más que el embajador de los E.E.U.U en Colombia, William Brownfield, y el Fiscal de ese país, dijeron en su momento que “no hay de qué preocuparnos porque las víctimas podrán interponer demandas civiles contra los victimarios en las Cortes de Estados Unidos”, se presume que ha llegado el fin del proceso porque EE.UU no podrá juzgar a estos extraditados por delitos como el desplazamiento forzado y masacres en Colombia pues eso no le compete a la justicia norteamericana, pero además porque nunca ha sido preocupación de ese gobierno velar por los derechos humanos y ayudar a la reconciliación de Colombia. De tal manera que con estas decisiones de extradición parece alejarse aún más la posibilidad de una Verdad, Justicia y Reparación para las miles de víctimas.
Por último quisiera decir que es hora de que actúe la justicia y que los responsables paguen por sus delitos. La Corte Suprema de Justicia está haciendo una gran labor pese a la presión y los ataques del presidente Uribe Vélez y de sectores de derecha salpicados por la mafia. Pero es a la sociedad civil quien le corresponde afrontar los retos de este crucial momento histórico. Sigue siendo imperiosa la unidad de los movimientos democráticos y la presión internacional para establecer acciones concretas y exigir la Verdad, Justicia y Reparación. De lo contrario nunca saldremos del círculo vicioso de la violencia, no habrá perdón, ni reparación, ni mucho menos la reconciliación que merecen millones de víctimas de esta patria.
Primera parte de este artículo: Acerca de la Verdad, Justicia y Reparación que exigen y merecen las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado.
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